La descentralización de competencias en Portugal: el caso de la salud

El Gobierno portugués y la Asociación Nacional de Municipios Portugueses firman un acuerdo para traspasar competencias a los ayuntamientos en las áreas de Salud y de Educación.

Hace ya tiempo que en Portugal se viene hablando de descentralización, pero ha sido ahora cuando parece que se ve una cierta intención de avanzar en este sentido. El primer ministro, Antonio Costa, habló de este tema durante la campaña de las pasadas elecciones y, más aún, quiere llevar a cabo un referéndum para que esta visión se convierta en un proyecto avalado por la mayoría de los portugueses que, si bien, no parecen ser totalmente contrarios a este movimiento, tampoco parece que sea una demanda social clara. No obstante, en palabras del gobierno, si lo es para los alcaldes.

La semana pasada se produjo un hito importante para avanzar con esta hoja de ruta de traspaso de competencias a los ayuntamientos y por tanto de descentralización. El gobierno portugués y la Asociación Nacional de Municipios Portugueses firmaron un acuerdo para traspasar competencias a los ayuntamientos en las áreas de Salud y de Educación.

La transferencia de competencias en materia de salud estaba prevista para el año 2019, pero se ha ido retrasando debido a, entre otros factores, las dudas que suscita entre algunos ayuntamientos. Por ello, para la mayoría de los implicados, este primer ejercicio de transferencias será vital y constituirá un hito para demostrar que realmente el plan de descentralización que impulsa el Gobierno de Costa sea una realidad.

En palabras del propio primer ministro, el acuerdo alcanzado hace unos días es fundamental en el proceso de descentralización del país, “ahora tenemos la necesidad de probar que la descentralización funciona”.

Para entender por qué es importante que esta descentralización funcione y qué implica, un buen ejemplo es el área de salud.

La ley prevé que sean transferidas a los ayuntamientos las competencias de construcción, equipamiento y mantenimiento de las llamadas unidades de salud primarias (Centros de Atención Primaria), también el mantenimiento, la gestión y conservación de los equipamientos para la prestación de cuidados de salud y la gestión operativa de las Agrupaciones de los Centros de Salud. Se contempla también que los ayuntamientos puedan participar en los programas de prevención de enfermedades, con especial incidencia en la promoción de estilos de vida saludables y de envejecimiento activo. Además, se atribuye también la posibilidad de que los ayuntamientos puedan participar en la definición de los horarios de los centros de salud.

En virtud de este acuerdo, a los ayuntamientos les serán asignados los fondos necesarios para las obras de los centros y la adquisición de vehículos eléctricos para la prestación de servicios de salud. Al mismo tiempo, el Gobierno asume algunos gastos como los seguros de los trabajadores y el de los vehículos que les serán transferidos.

Sin embargo, este no será un proceso sencillo. Portugal es un país en el que los municipios grandes y con capacidad de asumir los retos que supone esta pretendida descentralización son pocos.  De hecho, fueron pocos los municipios que inicialmente y de manera voluntaria aceptaron la transferencia de competencias – hasta el inicio de junio, solamente 73 de los 308 ayuntamientos portugueses lo habían hecho, lo que corresponde a una tasa del 23% -.

La principal preocupación es la falta de fondos para costear las nuevas atribuciones, las preocupaciones respecto a futuras contrataciones y los compromisos de inversión. A esto se suma la acusación por parte de algunos alcaldes de que la Asociación Nacional de Municipios no estaría negociando adecuadamente la transferencia. Según su visión, dicha asociación, estaría subordinándose a la voluntad del Gobierno.

En este sentido, el hecho más significativo fue la salida, en mayo del 2022, del Ayuntamiento de Oporto de la Asociación Nacional de Municipios Portugueses. La primera salida de un municipio desde su fundación, en 1984.

En realidad, el acuerdo alcanzado la pasada semana no estuvo exento de críticas, especialmente, por parte de los alcaldes del Partido Social Demócrata (PSD), el mayor partido de la oposición al Gobierno y el segundo partido con más alcaldes a nivel nacional después del Partido Socialista. Estos alcaldes señalaron que su consentimiento para el acuerdo con el Gobierno es condicional y alertaron de la necesidad de avanzar el camino hacia la descentralización de una manera más rápida, ambiciosa y justa.

El fin de semana pasado, Luisa Salgueiro, presidenta la Asociación Nacional de Municipios Portugueses, afirmó en una entrevista en prensa, que la posición del PSD y de su nuevo líder, Luis Montenegro, compromete el referéndum a la regionalización planteado para el año 2024, ya que el PSD estima que no habrá oportunidad de celebrarlo hasta 2026. Un proceso de esta envergadura no se puede llevar adelante con la sola voluntad de un partido, se necesita el consenso y apoyo del principal partido de la oposición, algo que hoy no está claro.

Si finalmente fallan los compromisos asumidos con los ayuntamientos, principalmente a nivel financiero, el Gobierno puede sufrir un revés en sus aspiraciones de regionalización.

Por ello, para muchos esta primera fase constituye como una prueba, como un piloto que va a definir, sin duda ninguna, el futuro de un proyecto que el actual Gobierno portugués ve esencial para el Estado.

Rui Castello-Branco

Consultor Senior en VINCES