¿Qué se sabe de los nuevos Presupuestos Generales de Portugal?

El próximo 10 de octubre, Portugal presenta sus Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Varios medios de comunicación han avanzado que el Gobierno portugués trabaja con una previsión de reducción de la deuda pública al 115% este año y al 110,8% en el próximo 

Oficina de VINCES en Lisboa

Por ahora la información oficial sobre los Presupuestos Generales es escasa. No obstante, y sin una confirmación oficial, ya se conocen algunas de las líneas que esbozará el Ejecutivo:

Sobre el escenario macroeconómico

No hay información de los datos que trabaja el Gobierno, pero el ministro de Economía ha declarado que “es probable que el año que viene se produzca un escenario de ralentización del nivel de crecimiento, en comparación con 2022, en el que se espera que Portugal cierre el año con un crecimiento del 6,4%». Las perspectivas para 2023 son de una expansión del 1,2%, según el Consejo de Finanzas Públicas, o del 2,6%, según el Banco de Portugal.

Sobre las pensiones

Se prevé que la mayoría de las pensiones de jubilación suban entre un 3,53% y un 4,43% en 2023. En términos presupuestarios, esta medida supondrá un aumento del gasto en pensiones de 1.150 millones de euros, según las cuentas del Gobierno.

Sobre los funcionarios públicos

El Gobierno ha presentado esta semana a los sindicatos una propuesta de actualización salarial que garantiza una actualización mensual de 52,11 euros para todos los salarios inferiores a 2.600 euros y un 2% a los que se encuentran por encima de este valor. En los salarios más bajos, la actualización podría alcanzar el 8% en enero.  En 2023, el nivel de remuneración más bajo de la Administración Pública -que actualmente se ajusta al salario mínimo nacional, 705 euros- se podría elevar a 761,58 euros al mes. Ello significaría que el salario mínimo nacional fijado por el Gobierno no podría superar esta última cifra. El impacto presupuestario que se prevé sería de 1,2 mil millones de euros.

Sobre el aumento del salario mínimo

El objetivo es que al término de la legislatura, en 2026, el salario mínimo interprofesional sea de 900 euros. El Ejecutivo deberá añadir a los 750 euros ya previstos para el 2023 una cantidad adicional para compensar el aumento de la inflación.

Sobre las medidas fiscales:

• Familias:

Está previsto que en los Presupuestos Generales se aumente el beneficio anual del IRPF joven, que actualmente está dirigido a los contribuyentes de entre 18 y 26 años. También se espera la prórroga extraordinaria del Programa Regressar hasta 2026, cuyo objetivo es apoyar la llegada de los trabajadores que han emigrado y sus descendientes.

Los tramos impositivos que definen el impuesto que deben pagar las familias a Hacienda se actualizarán en un 5,1%, según la propuesta de acuerdo sobre la renta que el Gobierno presentó el pasado jueves.

• Empresas:
• • Para mejorar la productividad de las empresas, el Gobierno propone una reducción selectiva del Impuesto de Sociedades (IRC) para aquellas que tengan una negociación colectiva dinámica, con un aumento de los salarios y una reducción de las disparidades salariales.
  • Las empresas con un parque automovilístico tendrán una reducción en 2,5 puntos porcentuales de los tipos impositivos aplicables a los vehículos híbridos enchufables. También se prevé una disminución de las tarifas para los vehículos ligeros propulsados por Gas Natural Vehicular (GNV).
  • Avanzar en un Incentivo a la Capitalización de Empresas (ICE), simplificando los incentivos fiscales a la capitalización y a la inversión, al eliminar redundancias y limitaciones propias de los instrumentos existentes. Además, se mejorará el Régimen Fiscal de Apoyo a la Inversión (RFAI). La reducción selectiva del impuesto de sociedades se aplicará también a las empresas que inviertan en I+D+I.
  • Otro objetivo es la simplificación del régimen que permite el ajuste del IVA sobre los créditos incobrables.

Sanidad:

A falta de información oficial de las medidas en este ámbito, se conoce que la presión de la inflación, sobre todo el coste de la energía y los consumibles, está afectando a las cuentas de los hospitales públicos, que están realizando ajustes para ahorrar electricidad. La acumulación de deudas con los proveedores, especialmente de medicamentos y productos sanitarios, no está resuelta y requiere, año a año, inyecciones extraordinarias de capital para que los hospitales puedan pagar las facturas atrasadas. Un déficit que, sumado a los altos precios actuales, puede traer consigo dificultades financieras.

Sobre la Educación:

Educación superior y universitaria: en agosto se anunció un aumento de 44 millones de euros en los fondos transferidos a las universidades y politécnicos el próximo año, lo que supondría un incremento del 3,7%. Este compromiso, además, incluye un aumento del gasto igual al de la inflación. Sin embargo, dado el actual contexto inflacionista, con unas previsiones del 7,4% para 2022, la ministra de Educación ha declarado que no cree estar en condiciones de garantizar este incremento. 

Educación básica: para el 2023, el escenario se prevé igual que en el 2022.

Sobre la Justicia:

Los Presupuestos Generales del año 2022 supusieron un aumento de más del 7,7% con respecto al 2021. Se desconoce todavía cuál será el montante para este año, pero los actores sociales se muestran positivos ante la posibilidad de un aumento en la partida.