La importancia del mundo rural en la transición energética

Las  energías renovables son una de las claves para avanzar en la descarbonización de nuestra economía.

 Mar Estévez | Consultant

El despliegue de renovables en España es una gran oportunidad para atraer beneficios económicos a los entornos rurales, frenar la despoblación e incrementar la seguridad en el suministro energético a nuestro país.

Sin embargo, existen numerosas visiones. En concreto, observamos un desajuste entre los intereses de colectivos pertenecientes a las grandes ciudades y aquellos del mundo rural, que es fundamental analizar para garantizar la legitimidad de los proyectos renovables, o lo que es lo mismo, su viabilidad.

Por un lado, en los núcleos urbanos existe un consenso a favor de la descarbonización de la economía, a nivel político y también social. Así, observamos el impulso de gobiernos nacional y autonómicos de planes e incentivos para conseguir los objetivos de reducción de emisiones y de descarbonización de la economía, y también vemos una concienciación social que pasa por formas de transporte más sostenibles como el vehículo eléctrico (poner más ejemplos). De la misma manera, existe un gran consenso a favor de las energías renovables  para impulsar la transición energética, así como una concienciación cada vez mayor por la conservación de nuestro entorno. En efecto, existen demandas en contra del impacto paisajístico de instalaciones de generación de energía renovables (principalmente parques fotovoltaicos y eólicos), por ejemplo, en aquellas personas que cuentan con una segunda residencia en entornos rurales, o asociaciones ecologistas en contra de los impactos negativos de dichas instalaciones para el paisaje, la fauna o la flora.

Por otro lado, en el mundo rural la situación es diferente, con niveles muy altos de despoblación y un número de recursos mucho más limitado. En este sentido, la instalación de parques fotovoltaicos o aerogeneradores tiene un impacto eminentemente local, y que muchos están dispuestos a asumir si con ello se eleva su renta y por consiguiente su nivel de vida. Sin embargo, no podemos presuponer que todos ellos van a estar a favor o en contra de la instalación de renovables.

Vemos por un lado cómo los propietarios de terrenos están a favor de recibir una renta por el arrendamiento o por su venta, ya que en muchos casos son terrenos de secano en los que es complicado obtener una rentabilidad a los cultivos.  Sin embargo, existen colectivos que no se ven directamente beneficiados por estas instalaciones, por ejemplo, aquellos habitantes que no tienen terrenos para arrendar, y tienen que soportar igualmente los impactos negativos de las infraestructuras renovables. Asimismo, existe una fuerte desinformación respecto a los proyectos y los impactos que pueden generar en los municipios, y tampoco existe conciencia sobre el derecho de acceso a la información y a la participación pública en los procedimientos de autorización de este tipo de proyectos.  Todo ello conlleva la emergencia de fenómenos como NIMBY (Not In My Backyard) o movimientos como “Renovables sí, pero no así” a través de los cuales determinados entornos locales se posicionan en contra de este tipo de proyectos.

En este contexto, la colaboración público-privada deviene fundamental para garantizar un reparto equitativo de los beneficios -y los costes asumibles- de los proyectos y espacios donde consensuar cómo se quiere llevar a cabo la transición energética en cada uno de los entornos locales, atendiendo a las necesidades de concretas tanto de las localidades como de los vecinos.

La transición energética tiene un gran potencial para generar riqueza en el mundo rural y contribuir a frenar la despoblación. Un mix energético que proporcione estabilidad y seguridad a nuestro país es esencial, pero también contribuirá a vertebrar nuestros territorios. Es por ello que debemos apostar por el despliegue de renovables ordenado, sostenible y adaptado a las necesidades de cada municipio. De la misma manera, es necesaria una aproximación muy temprana por parte de los promotores a los entornos locales donde se van a desarrollar los proyectos. El sector privado debe ser sensible a las demandas del territorio y los interesados deben tener espacios de diálogo para expresar sus demandas e inquietudes, así como obtener información sobre el desarrollo del proyecto.

En definitiva, la legitimidad social es la base que contribuirá a que la transición energética sea una realidad, pero a través del despliegue de proyectos renovables de forma ordenada y sostenible, teniendo en cuenta al territorio, lo que reportará beneficios a todos, también a nuestro medio ambiente.