La regulación del lobby en Portugal: una tarea pendiente

La convocatoria anticipada de elecciones en Portugal, previstas para el 10 de marzo de 2024, y la disolución de la Asamblea de la República el 15 de enero, obligan a dejar en el tintero, de nuevo, la regulación de los asuntos públicos (lobby) en Portugal.

 Andrés Gumiel Fernández | Consultant

«La regulación de la relación entre lo público y lo privado cobra especial relevancia en un contexto político como el actual, en el que la transparencia y la profesionalización del sector se han convertido en una necesidad para la supervivencia del Estado de Derecho y las democracias liberales»

Cabe recordar, en primer lugar, que la Constitución de la República Portuguesa  consagra en su artículo 48, el derecho de participación en la vida pública de los ciudadanos, al establecer que “todos os cidadãos têm o direito de tomar parte na vida política e na direção dos assuntos públicos do país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos”. [1]

Dicho esto, y en virtud del mandato constitucional, la regulación de la relación entre lo público y lo privado cobra especial relevancia en un contexto político como el actual, en el que la transparencia y la profesionalización del sector se han convertido en una necesidad para la supervivencia del Estado de Derecho y las democracias liberales; y en especial, en un momento en el que la ciudadanía  demanda a sus representantes y a las empresas, una mayor participación en la resolución de los retos que afectan a la sociedad en su conjunto y también trasparencia a la hora de participar  e influir en los procesos de decisión que les afectan desde un interés legítimo.

Una legislación clave a caballo entre varias legislaturas

Siendo así, en Portugal no son nuevos los intentos por legislar sobre la materia, pues debemos remontarnos a 2018, para encontrar los primeros textos presentados por el Partido Socialista (PS) y por el Partido Social Democrático (PSD) para regular esta actividad. En este sentido en 2019, el texto aprobado por el parlamento portugués fue vetado por el Presidente de la República, y devuelto a la Asamblea de la República.

En 2021, tres partidos el PS, CDS y PAN elaboraron un texto conjunto para regular la actividad de lobby, tratando de responder a las cuestiones planteadas tras el veto del Presidente de la República, sin embargo, no pudo ser aprobado antes de la disolución del Parlamento como consecuencia del rechazo a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 (Legislatura XIV). Así pues, el tema regresó a la agenda tras las elecciones anticipadas, y a mediados de 2022, tanto Chega como el PAN presentaron nuevamente propuestas, pero los proyectos, de nuevo, no salieron adelante antes de la nueva disolución de la Asamblea de la República, a principios de 2024 (Legislatura XV).

«Entre otras cuestiones, se pretende regular el régimen de las incompatibilidades de los excargos públicos, la obligación para las empresas de lobby de reportar quiénes son sus clientes, […] o una limitación a los despachos de abogados de ejercer actividades de lobby»

Ha sido ahora, y en un contexto político marcado por el debate sobre la legitimidad y transparencia sobre ciertos procesos de influencia  en la regulación, cuando a finales del 2023, el consenso parecía haberse establecido y los partidos volvieron a presentar nuevos textos para regular, entre otras cuestiones, el régimen de las incompatibilidades de los excargos públicos, la obligación de las Entidades públicas a publicar un informe trimestral y una memoria anual de las actividades en este ámbito, la obligación para las empresas de que ejercen la actividad de Lobby de reportar quiénes son sus clientes, para qué sectores trabajan y los ingresos que les genera la actividad de representación, o una  limitación a los despachos de abogados de ejercer actividades de lobby de clientes a los que asesoran sobre cuestiones legales. El texto que presentaron los partidos, que representaban casi a toda de la Cámara, era un texto comprometido, que abordaba la regulación desde el reconocimiento de la legitimidad de los actores privados de influir en los procesos de decisión publica abordando así de un modo lógico y realista   la cuestión y no como en otros países desde la desconfianza, quizás lo  único que se puede echar de menos, para comenzar con ese necesario cambio en la relación entre lo público y lo privado, es un periodo de consulta y participación de los interesados.

Sin embargo, y tras la falta de quórum en la Comisión de Transparencia y Estatuto de los Diputados del martes nueve de enero, y siendo la última oportunidad para aprobar el texto la sesión plenaria del jueves 11, antes de la disolución del Parlamento el día 15 de enero, se decidió aplazar el proceso, presumiblemente, hasta la próxima legislatura, ante la falta de tiempo para concluirlo en esta.

Siendo así, y como reza el proverbio portugués “ depressa e bem, há pouco quem”, la regulación sobre los asuntos púbicos (lobby) no se producirá en esta legislatura, por lo que, y tras el nuevo ciclo político que se abrirá el próximo 10 de marzo, surge una nueva oportunidad tanto para las empresas, como para la ciudadanía, de exigir a sus representantes un compromiso con la transparencia y la trazabilidad de sus decisiones, pues solamente a través de la regulación y la profesionalización de nuestro sector, podremos garantizar el compromiso de todos con el progreso económico, el fortalecimiento de la Democracia  Estado de Derecho.

[1] Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la vida política y en la dirección de los asuntos públicos del país, directamente o a través de representantes libremente elegidos.