Juncker presiona al Consejo: ¿Veremos el fin del poder de veto en materia fiscal?

La Comisión Europea ha propuesto al Consejo un plan para eliminar, paulatinamente, el poder de veto de los Estados miembros en asuntos fiscales. Aunque la viabilidad de la medida es probablemente limitada, no se puede descartar que el debate se vuelva a poner sobre la mesa en la siguiente legislatura.

La unanimidad ha sido tradicionalmente una de las características más reconocibles del Consejo. La razón: es mucho más sencillo para cualquier Estado miembro ceder parte de su soberanía si a cambio recibe poder de veto sobre cualquier decisión que se tome en el ámbito cedido. A medida en que la Unión Europea (UE) se ha ido consolidando, el Consejo ha ido moviéndose hacia un sistema de mayoría cualificada que actualmente es el más utilizado por la institución. Sin embargo, todavía hay temáticas especialmente sensibles en las que hoy cualquier Estado miembro puede bloquear una iniciativa si la considera contraria a sus intereses. Ese es el caso de la fiscalidad indirecta, ámbito en el que los Veintiocho mantienen intacta su capacidad de veto.

Pero esto podría cambiar. Para el ejecutivo comunitario, cada vez son más patentes algunos problemas que conlleva el voto por unanimidad en el Consejo ya que es realmente difícil que todos los Estados miembros se pongan de acuerdo en materia fiscal. Así, algunas medidas como el intento crear una base imponible común y consolidada del impuesto de sociedades (BICCIS), se han visto bloqueadas. Además, existen cada vez más voces que critican que el Parlamento Europeo solo desempeñe un papel consultivo en este ámbito.

Por estas razones, Jean-Claude Juncker defendió en el último discurso sobre el estado de la Unión, la necesidad de que los Estados miembros abandonen la unanimidad en materia fiscal. Esta intención se tradujo en la comunicación anunciada el pasado 15 de enero por Pierre Moscovici denominada “Towards a more efficient and democratic decisión making in EU tax policy«. El Comisario de Asuntos Económicos y Financieros solicitó que los Estados miembros consideren pasar, poco a poco, al voto por mayoría cualificada en asuntos fiscales. Bajo este sistema, una medida impositiva necesitaría únicamente el apoyo de 16 de los 28 Estados miembros (si representan al menos el 65 % de la población de la UE para ser aprobada).  En la rueda de prensa, Moscovici alegó que «la regla de la unanimidad en materia fiscal parece cada vez más políticamente anacrónica, jurídicamente problemática y económicamente contraproducente».

Una transición por etapas

La propuesta de la Comisión prevé el abandono gradual del voto por unanimidad y plantea un plan para la adopción por tramos del procedimiento legislativo ordinario en determinados asuntos fiscales. Así, estas decisiones en el Consejo pasarían a tomarse por mayoría cualificada (con la consiguiente desaparición del poder de veto de los Estados miembros) y las opiniones del Parlamento Europeo al respecto serían vinculantes.

Así, la Comisión sugiere una hoja de ruta progresiva que diferencia cuatro fases para sustituir paulatinamente el voto por unanimidad por la mayoría cualificada. Las diferentes etapas variarían desde una primera fase en la que la mayoría simple sólo se aplicaría a los asuntos fiscales menos problemáticos en los que se presupone que no habría grandes desacuerdos, hasta la última en la que el sistema se aplicaría a grandes propuestas fiscales, como el BICCIS o un potencial nuevo sistema impositivo aplicable a la economía digital. La propuesta contempla que la hoja de ruta culmine antes del año 2025.

Eliminar el veto por unanimidad

Ahora bien, el principal escollo con el que se topa la propuesta es, precisamente, que acabar con el veto de los Estados miembros requiere el visto bueno de los Veintiocho. El cambio en las tomas de decisiones del Consejo se llevaría a cabo mediante el empleo de la llamada cláusula pasarela (Art 48(7) TUE), que permite al Consejo cambiar por unanimidad su sistema de votación previo consentimiento del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales.

Dado que muchos Estados miembros han presentado serias objeciones a ceder más soberanía, es probable que los mismos vetos que se intentan superar por la propuesta acaben siendo los causantes de que la misma se quede en un cajón.

Desde el anuncio de Moscovici se esperaba que los Estados miembros que tienen un tratamiento fiscal más favorable como son Luxemburgo, Irlanda o Países Bajos se opusiesen a la medida. Y como era previsible, la propuesta de la Comisión ya ha chocado con la oposición de varios países en el primer debate sobre esta cuestión que han mantenido los Ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) durante su reunión del 12 de febrero. Solo los representantes de Francia y Alemania, Bruno Le Maire y Olaf Scholz, han defendido la propuesta de la Comisión.

Aunque para el ejecutivo comunitario, poder tomar decisiones en materia fiscal con una mayoría cualificada es esencial para asegurar la supervivencia del proyecto europeo, hay que tener en cuenta que el Consejo no tiene ni siquiera la obligación legal de considerar la propuesta de la Comisión. Ante esto, es previsible que esta comunicación quede en papel mojado aunque no puede descartarse que, en la próxima legislatura, la eliminación de la unanimidad del Consejo en asuntos fiscales vuelva a ponerse encima de la mesa.