13 marzo 2016 7 MIN de lectura

Transparencia en las patronales españolas.

(Publicado en mi Blogs “Rincón de Transparencia” ) 

Thomas Clarkson addressing the Convention of the Anti-Slavery Society at the Freemason's Hall, London. Original Artwork: Engraving by B R Hayden   (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

Thomas Clarkson addressing the Convention of the Anti-Slavery Society at the Freemason’s Hall, London. Original Artwork: Engraving by B R Hayden (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

“Las subvenciones han sido el gran cáncer de las asociaciones empresariales en España,” nos confesaba hace poco un profesional treintañero. Con la expectativa de comenzar a dirigir una de las patronales del país para poder articular de manera diferente los intereses de su sector, se quejaba de la falta de profesionalidad que ha caracterizado la gestión de estas asociaciones a lo largo de buena parte de nuestra joven democracia. Y concluía que el dinero público fácil ha impedido en gran parte el desarrollo de una estructura de representación más democrática, transparente y eficiente.

El artículo 7 de nuestra Constitución establece que las asociaciones empresariales nacen para promover los intereses económicos, en libertad, y con una estructura interna democrática. Es bien sabido que la mayoría de las patronales nacieron justo antes de 1978 con unas estructuras cerradas de representación y muy lejos de las dinámicas del asociacionismo anglosajón, caracterizadas por una mayor independencia con respecto al Estado por estar financiadas exclusivamente por las aportaciones de los socios. Las patronales anglosajonas, cuyo origen se remonta al siglo XIX, han venido cumpliendo un papel fundamental en la historia económica de estos países. Nacieron con la triple funcionalidad de servir de polos de intercambio de ideas e información sobre los retos del sector; crear espacios de conexión entre sus miembros; y ejercer la representación y defensa de sus intereses ante los decisores públicos.

Pero en la era de internet, estas funciones se han ido diluyendo vertiginosamente y las asociaciones tanto españolas como anglosajonas se están quedando vacías de contenido. Corren el riesgo de convertirse en “instituciones cáscara”, utilizando la expresión que acuñó el sociólogo británico Anthony Giddens en su libro ‘Runaway World: how globalization is shaping our lives‘, en referencia a instituciones tradicionales como la familia o el estado que se ven impedidas para cumplir con sus funciones originales.

La transparencia y la participación

En vista de este panorama y ligado al descrédito en el que se encuentran muchas de las instituciones de nuestro país, la única salida posible para las patronales es desarrollar verdaderos mecanismos de transparencia en la gestión y de participación de sus miembros.

Ya en el 2009 la autora norteamericana Rebecca Rolfes recomendó algo similar en su libro ‘The Competition Within: How Members Will Reinvent Associations‘.

Rolfes hablaba de la necesidad de crear estructuras participativas “de abajo a arriba” a través de las redes y de internet, así como de generar contenidos verdaderamente relevantes para sus asociados y para el sector, es decir, convertirse en verdaderos líderes de opinión. Y en abril del año pasado, la expresidenta del Tribunal Constitucional y Catedrática de la Universidad Complutense, Mª Emilia Casas Baamonde, expresaba en su análisis exhaustivo ‘Transparencia de los sindicatos y de las asociaciones empresariales‘ la necesidad de que sindicatos y patronales cubrieran las “insuficiencias [de la ley de transparencia] abriendo aspectos esenciales de sus funciones y actividades, y los diferentes de su régimen económico, al conocimiento y control de los ciudadanos para reforzar su democracia interna y su legitimidad democrática, tarea que han de acometer con urgencia.”

Ahondando un poco más en esto, sin extenderme demasiado en la complejidad jurídica, Emilia Casas deja claro en su análisis que la ley de transparencia llega tarde, y, que en el caso de sindicatos y patronales, genera confusión sobre qué obligaciones son verdaderamente aplicables. Según la interpretación de la jurista, la ley tan sólo exige a las patronales publicitar en sus webs la información relativa a su estructura institucional y organizativa y a los contratos, convenios y subvenciones que hayan firmado y recibido con y de las Administraciones Públicas.

La transparencia voluntaria: más allá de la norma

Por tanto, una primera conclusión para las patronales es que la ley de transparencia no debería ser la única referencia para el desarrollo de un nuevo modelo de transparencia, cuya finalidad última debería ser la de recuperar la efectividad y la legitimidad real de las asociaciones empresariales ante sus socios y ante la sociedad. En este sentido hay margen para que las patronales publiquen voluntariamente información relativa a los presupuestos, las cuentas anuales, las retribuciones de los altos cargos, las declaraciones anuales de bienes, los planes estratégicos y programas anuales con fijación de objetivos, de actividades, de medios y de calendarios específicos y la evaluación periódica de su cumplimiento.

Ese ha sido el caso de la CEOE, que ha llevado a cabo un ejercicio considerable de transparencia voluntaria en su portal de transparencia. “Nosotros lo publicamos todo, hasta los presupuestos” me confirmó recientemente José María Campos, el Director de Asuntos Jurídicos de la CEOE. “Queremos ser transparentes.” Este portal evidencia el esfuerzo modernizador que la principal patronal del país ha querido acometer en los últimos años de crisis institucional y económica.

La ley de transparencia ha impulsado un afianzamiento de iniciativas de transparencia de otras patronales como la FIAB y Adigital. Esperamos que progresivamente las asociaciones empresariales en España vayan desarrollando ese modelo de transparencia y participación amplio que, lejos de resultar una amenaza, constituirá su tabla de salvación.

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