El sector de los Asuntos Públicos avanza en su profesionalización y liderazgo en las empresas

El sector de los Asuntos Públicos gana cada vez más peso dentro de la estructura de las empresas a nuestro país, pero necesita una más gran homogeneidad metodológica y también una mayor proactividad para consolidarse y afianzarse en su camino hacia la profesionalización. Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del “Primer Informe sobre Gestión Estratégica de los Asuntos Públicos a empresas españolas y extranjeras en España” realizado por el Instituto VIPA -Vinces Institute for Public Affairs- y presentado en la sede de Fomento del Trabajo. “Con las aportaciones de organizaciones como Vinces y Fomento, conseguiremos desestigmatitzar la palabra ‘lobby’ y aportarle el sentido de utilidad pública que realmente tiene”, ha expresado el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, durante su intervención.

El VIPA ha sido creado por Vinces, consultora española de Asuntos Públicos, bajo el convencimiento de que la participación efectiva y transparente de todos los actores (empresas, opinión pública, organizaciones de la sociedad civil y los entornos reguladores y políticos) es crucial para la salud de una democracia representativa. Mediante el VIPA, Vinces ofrecerá investigación e inteligencia de alto valor añadido a los profesionales de asuntos públicos o relaciones externas de las empresas y organizaciones, así como a los actores políticos y sociales de la esfera pública.

El informe, que se ha realizado con una encuesta anónima enviada a 50 directivos de Asuntos Públicos de empresas que cotizan en el IBEX 35 y empresas internacionales que operan en España, es lo primero que realiza este instituto y señala la necesidad que las empresas españolas desarrollen una gestión profesionalizada de los asuntos públicos para garantizar la sostenibilidad del negocio, a la altura de la actividad de las multinacionales extranjeras en este ámbito.

Una profesión reconocida en las empresas, pero no consolidada

El informe analiza los elementos clave de gestión asociados a la posición de la dirección de Asuntos Públicos alrededor de cuatro aspectos: estructura organizativa, madurez de la actividad, características personales y sistemas de remuneración.

Como aspectos positivos a destacar, del informe se extrae que esta actividad es cada vez más crítica para las empresas y se percibe como altamente estratégica (el 70% de los encuestados considera que el Comité de Dirección percibe su papel y su lugar como estratégico). Además, el lugar directivo principal está muy bien remunerado, con salarios mínimos alrededor de los 100 y los 120 mil euros.

Los asuntos públicos figuran como prioridad máxima o están entre las tres prioridades de los CEO y de los Consejos de Administración, confirmándose como una función clave para la sostenibilidad de las compañías. Por su parte, los accionistas tienen cada vez más en cuenta todo lo relacionado con riesgos políticos y reguladores.

Sin embargo, se trata de un cargo y un departamento que muestra mucha diversidad y carencia de homogeneidad, tanto en su denominación como en su medida y estructura. El 60% de los casos utiliza el título de “Relaciones Institucionales” y un 40% afirman que su departamento cuenta entre 3 y 6 personas. Por otro lado, a pesar de que el 80% de los encuestados afirma ser proactivo en sus estrategias, el 70%, reconoce que no tiene una metodología propia para desarrollar la actividad.

Finalmente, a pesar de ser una posición reconocida y valorada en las empresas perciben su función como estratégica, en un 60% de los casos esta no forma parte del Comité de Dirección. “Se tiene que seguir avanzando en la normalización y profesionalización de la actividad de asuntos públicos porque todavía hay espacio para su consolidación en la estructura organizativa de las empresas”, concluyó Alfonso González de León, director asociado de Vinces.

El papel de la sociedad y la confianza son claves

Posteriormente a la presentación del informe, se ha mantenido un debate con una mesa empresarial, donde se ha puesto de manifiesto como las redes sociales y la tecnología han empoderado a la sociedad civil y las nuevas generaciones piden más transparencia y ética a las empresas y al sector público para recuperar la confianza en las instituciones. En este sentido, José Luis Fernández Sevillano, Market Access Manager de Grifols, ha defendido que “las áreas de mejora para consolidar la tarea de asuntos públicos son dos: la transparencia y la confianza, que en realidad se retroalimentan. Tenemos que trabajar con los agentes sociales con un objetivo común, y en el sector farmacéutico es el paciente quién está en el centro”.

La apuesta por la transparencia y la confianza exige a las compañías desarrollar su legitimidad social, es decir, legitimar sus intereses corporativos también en los entornos de la sociedad civil. Ya no se puede influir en el entorno político de manera aislada y a golpe de contactos. “Todo ha cambiado muchísimo, toda la presión popular ha tenido un efecto. Hoy en día ya no es un juego a dos, sino un triángulo: administración, empresa y sociedad”, señaló Ernest Benach, expresidente del Parlamento de Cataluña.

Así mismo, David Hernández, fundador y CEO de Pangea, ha reiterado la necesidad de introducir los asuntos públicos en el plan de negocio de cualquier compañía, desde las más grandes a las startups. “El impacto de la regulación determina la supervivencia de una compañía. Para una startup que nace, encontrarte con ciertas barreras te imposibilita salir adelante tu negocio.”