28 mayo 2020 16 MIN de lectura

Políticas públicas, startups y COVID-19

La crisis sanitaria que estamos viviendo a raíz del COVID-19 está afectando directamente al  tejido empresarial y al ecosistema startup, aunque hay algunas excepciones.

Según el informe de la organización Startup Genome, un 12% de startups han visto aumentar sus ingresos en un 10% o más desde que comenzó la pandemia. En general, se trata de industrias que estaban experimentando esta tendencia incluso antes de la aparición del COVID-19, como la telemedicina, la educación digital, la tecnología financiera y la banca, las plataformas de video y streaming, el comercio electrónico y los videojuegos.

Sin embargo, una gran mayoría de startups no están corriendo la misma suerte. Aparte de la imposibilidad  de muchas para operar y la disminución en la demanda que otras  sufren o sufrirán por un cambio de hábitos en los consumidores, también es destacable la posible caída de las inversiones por parte de fondos de inversión de capital riesgo (VC). Así, el mismo informe de Startup Genome apunta que China ha visto cómo sus acuerdos y contratos de VC han caído entre un 50% y un 57% en relación con lo sucedido en el resto de países entre enero y febrero de 2020 (donde todavía no existía el virus).

Frente a esta situación, y a raíz de las demandas de la comunidad startup, los poderes políticos y regulatorios están respondiendo mediante políticas públicas, con mayor o menor intensidad dependiendo del país. Así, el pasado 3 de abril, la red mundial Allied for Startups hizo llegar una carta abierta a la Presidenta de la Comisión Europea donde expresaban las necesidades de la comunidad startup en momentos tan desafiantes como el actual, así como solicitando que se las tenga en cuenta como parte clave de la solución para la salida de la crisis del coronavirus.

Falta de apoyo específico para las startups en España

En España, la Asociación española de Startups hizo lo propio a través de la elaboración de una propuesta de medidas concretas al Gobierno ante el impacto del COVID-19 en las startups. Entre otras medidas, solicitaban la devolución inmediata de IVAs pendientes, bonificar la cuota de autónomos societarios, flexibilizar la devolución de préstamos y créditos, igualar la inversión de socios actuales en capital, anticipar la inversión que realicen inversores, etc. Además, la misma Asociación también se ha mostrado contraria a la prohibición de inversiones extranjeras en empresas españolas. En concreto, pedían que la prohibición sea para las que cotizan en bolsa, pero no para las startups. Sin embargo, a nivel político, el ejecutivo español no ha lanzado por el momento medidas específicas para la comunidad startup, remitiendo a los emprendedores a las medidas aprobadas para autónomos y pymes, tales como la regulación de los ERTEs, los avales ICO u otras medidas de carácter tributario.

En el ámbito parlamentario, la oposición ha puesto de manifiesto la falta de medidas a través de iniciativas parlamentarias.

Así, el Grupo Popular presentó una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados el pasado 25 de marzo donde destacaba que “es imprescindible y necesario mantener vivo y operativo el ecosistema de startup e innovación […]” e instaba al Gobierno a eliminar la suspensión de la liberalización de inversiones extranjeras, “estableciendo un criterio de no aplicación a empresas que no coticen en bolsa, permitiendo la continuidad y supervivencia de las startups en España». En la misma línea presentó el Grupo Vox el pasado 14 de mayo una PNL relativa “a la adopción de medidas de apoyo a las startups, para paliar las consecuencias negativas de la COVID-19”. En términos generales, la PNL se centra en pedir el diálogo continuo entre gobiernos y comunidades de startups/innovación, y solicita al Gobierno medidas concretas como la flexibilización de la concesión y devolución de préstamos y créditos públicos; la agilización de la devolución de impuestos; deducciones fiscales; exoneración de cuotas de autónomos; que la suspensión del régimen de liberalización de las inversiones extranjeras en España afecte únicamente a las entidades cotizadas y a las no cotizadas que no sean Pymes y, por último, realizar las modificaciones precisas para que la línea de avales incluya a las empresas de base tecnológica con criterios específicos de facturación para dar cabida a startups.

Ambas PNLs están pendientes de debate, aunque cabe recordar que este tipo de iniciativas carecen de efectos jurídicos vinculantes.

La comunidad startup española tiene la mirada puesta en lo que se está haciendo en los países vecinos como Francia, Alemania, Reino Unido o Portugal, donde sí existen medidas específicas para el ecosistema emprendedor. En este sentido, algunas startups españolas denuncian que en una economía globalizada como en la que vivimos actualmente, no podrán competir con las startups de otros países de nuestro entorno, las cuales contarán con un mayor respaldo financiero y seguridad económica.

Francia y las herramienta de cofinanciación con inversores privados

Así, el pasado 25 de marzo, el Secretario de Estado de Asuntos Digitales de Francia, Cédric O, y el banco de inversión pública, Bpifrance, anunciaron un plan de casi 4 mil millones de euros que beneficiará a startups a través de múltiples medidas. Una de ellas es la denominada “préstamos puente”. Su creación obedece al miedo de que algunas empresas de capital riesgo puedan retractarse de las term sheets o puedan disminuir su ritmo de inversión. Por ello, se pone a disposición de las startups que estaban en el proceso de recaudar una nueva ronda de financiación la posibilidad de levantar una “ronda puente” a través del PIA de Bpifrance (Programa d ‘Investissements d’Avenir). Bpifrance está poniendo 80 millones de euros sobre la mesa y los inversores privados también coinvertirán con hasta 80 millones de euros.

Además, Bpifrance va a transferir antes de lo previsto 250 millones de euros para las empresas ya aprobadas por el programa de innovación de Bpifrance, pero que aún no estaban financiadas. Las empresas que reciben asistencia financiera en forma de anticipos de reembolso pueden solicitar el aplazamiento dentro de un período de 6 meses a partir de los plazos de reembolso.

La inyección de liquidez de Alemania

En Alemania, la Bundesverband deutsche Startups e.V. (asociación alemana de startups) elaboró un informe que reflejaba que de los 1.000 miembros del sector startup de Alemania, más del 80% veía amenazada la existencia de su empresa. Posteriormente, el 31 de marzo, el gobierno alemán anunció un programa específico para startups con el objetivo de asegurar su liquidez en la crisis del COVID-19. Se trata de un programa que cuenta con un fondo de hasta 2 mil millones de euros. El paquete de medidas consta de dos pilares, uno para startups financiadas con capital riesgo, y otro para startups no financiadas con capital riesgo. Así, los inversores públicos de capital riesgo (por ejemplo, KfW Capital, European Investment Fund, High-Tech Gründerfonds) recibirán fondos públicos adicionales a corto plazo como parte de la coinversión junto con inversores privados para rondas de financiación de startups y para hacerse cargo de las acciones de los inversores de fondos en quiebra. Para las nuevas startups sin inversores de capital riesgo entre los accionistas y las pequeñas y medianas empresas, se facilitará financiación a través de  institutos de financiación estatales.

El Reino Unido, un considerable paquete de ayudas pero con estrictos requisitos

Otro país que cuenta con un considerable respaldo público al ecosistema startup es el Reino Unido. Ya sea por la gran incertidumbre que reina en el país británico debido al Brexit, ya sea por pura voluntad política, lo cierto es que el gobierno del Reino Unido cuenta con un amplio abanico de medidas de apoyo al sector startup, reforzadas en la crisis del COVID-19.

Así, el 20 de abril, el gobierno del Reino Unido presentó un paquete aproximado de 1.400 millones de euros para apoyar a las pymes y nuevas empresas más innovadoras del país. Este movimiento ha sido esperado por los más de 6.000 signatarios de la campaña Save our Startups, quienes previamente habían escrito una carta abierta al Gobierno. Este texto apuntaba a los esquemas de otros países como Francia y Alemania y exigía más apoyo público.

A través de ese paquete, se asignarán alrededor de 283 millones de euros en capital riesgo a través del nuevo esquema de Future Fund y alrededor de 851 millones de euros se destinarán a un esquema de préstamos y subvenciones preexistentes, a través de Innovate UK, para pequeñas empresas de I + D.  Sin embargo, el nuevo paquete propuesto por el Gobierno del Reino Unido no ha estado exento de críticas. Por ejemplo, para que una startup sea elegible para el Future Fund, debe haber recaudado alrededor de 283 mil euros de forma privada en los últimos 5 años y contar con fondos igualados por inversores privados, un mínimo que muchas startups en early stage no tienen.

Portugal y la importancia de las conversaciones entre lo público y lo privado

Otro caso es el de nuestro país vecino, Portugal. Después de semanas de conversaciones entre el gobierno portugués y el movimiento emergente #tech4covid19, que representa a fundadores, aceleradoras e inversores, el pasado 29 de abril el gobierno anunció un nuevo paquete de medidas para apoyar la innovación empresarial con un valor global de más de 25 millones de euros. Entre dichas medidas está el cubrir el valor equivalente al salario mínimo por empleado (hasta un máximo de 10 empleados); apoyo a nuevas empresas con menos de cinco años de actividad comercial, a través de la contratación de servicios de incubación basados ​​en un incentivo de 1.500 euros; un préstamo convertible en capital social después de 12 meses, aplicando una tasa de descuento que permite a las empresas emergentes evitar una dilución del capital de los inversores; y el lanzamiento del «COVID-19 – Portugal Ventures Instrument” para inversiones en nuevas empresas, con entradas a partir de 50.000 euros, entre otras medidas.

En conclusión, existe un amplio abanico de políticas públicas llevadas a cabo por parte de los países europeos en defensa de su ecosistema emprendedor. Sin embargo, si hay que destacar algo transversal en todos los casos mencionados es la movilización social por parte de la comunidad startup, ya sea mediante el desarrollo de campañas o de trabajar proactivamente en conversaciones con los poderes públicos. Ello demuestra una vez más la importancia de trabajar en la legitimidad social de las demandas de un sector, promoviendo así  la colaboración fluida entre lo público y lo privado. La comunidad startup está caracterizada por un instinto de supervivencia intrínseco y su gran capacidad de reinventarse y adaptarse. Sin embargo, la crisis del COVID-19 no tiene precedentes y todavía se desconocen las consecuencias económicas que acarreará consigo. En los próximos meses será preciso seguir la evolución del ecosistema emprendedor, así como el impacto de las distintas medidas económicas aprobadas, para evaluar el grado de efectividad de la intervención pública.

Míriam Carrera Manzano

Consultora

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