17 julio 2020 11 MIN de lectura

Postura del Gobierno ante los ODS

Análisis político del informe del Gobierno sobre la implementación de la Agenda 2030 en España

Introducción

  • El próximo mes de septiembre se cumplen cinco años del compromiso de Naciones Unidas para llevar a cabo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), teniendo el horizonte 2030 cada día más cerca.
  • Se acaba de publicar el Informe de Progreso 2020 de implementación de la Agenda 2030 por parte del Gobierno, en el que se hace una foto fija de la situación de nuestro país. Es un informe periódico anual, que permite no sólo ver a día de hoy el nivel de avance en relación con los compromisos asumidos en la Agenda 2030, sino lo que puede ser aún más interesante, vislumbrar cuáles son las políticas que se van a llevar a cabo para conseguir esos objetivos, con las implicaciones que tienen para toda la sociedad, tanto el sector público, las empresas y los ciudadanos.

Diagnóstico de la situación actual 

El informe realiza una foto fija de la situación actual del país en relación con los ODS y bajo tres puntos de vista: i) a nivel social y económico, ii) a nivel medioambiental y iii) a nivel internacional.

  • El informe se centra casi en exclusiva en las políticas públicas para superar la crisis y contribuir al desarrollo sostenible, y se centra en las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de la mano de la sociedad civil y de los actores no gubernamentales dejando la colaboración de las empresas en un lugar casi residual.
  • A lo largo de todo el estudio se incide en el lemano dejar a nadie atrás”, algo que tiene multitud de implicaciones de carácter social (redistribución de la riqueza, justicia social, pobreza infantil, etc.).
  • Se vinculan todos los ODS a las políticas del Gobierno, con una orientación progresista (Ingreso Mínimo Vital, política LGTBI, derecho a la vivienda digna, paralización de los desahucios, etc.), en línea con las argumentaciones que suelen ser frecuentemente utilizadas tanto por el Partido Socialista como por Podemos, socios del Gobierno.
  • Se incide mucho en los compromisos del actual Gobierno en relación con las políticas feministas, los denominados “nuevos derechos”, la memoria democrática, los derechos sociales y el empleo de calidad.

Políticas: De las palabras a los hechos 

La prioridad del Gobierno es contar con una estrategia de desarrollo sostenible a nivel nacional, para impulsar de forma definitiva la implementación de los ODS.

  • Se analizan todas las políticas desde la perspectiva de género, incluso en aspectos como el cambio climático, la investigación científica o la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19. La situación de inferioridad y discriminatoria de la mujer en la sociedad es algo recurrente y visible a lo largo del informe, que está redactado en un marcado lenguaje inclusivo.
  • El Gobierno está decidido a implementar los ODS, proponiendo la distribución de responsabilidades entre toda la sociedad , incluido el sector privado. Los grandes sobrecostes en el sector público serán soportados por los ciudadanos a través de impuestos. Por una parte, se abre paso una nueva fiscalidad verde para las empresas que impacten negativamente sobre el medio ambiente, y por otro lado una mayor presión fiscal sobre el conjunto de los ciudadanos. De hecho, en el informe ya se recalca que la presión fiscal de España es menor que la de países de nuestro entorno.
  • Se apuesta por la participación ciudadana directa como elemento de regeneración democrática, haciendo un guiño a los movimientos ciudadanos asamblearios (ej.: 15-M) en detrimento del modelo de democracia representativa actual.
  • El Gobierno apuesta por un cambio de paradigma económico: el compromiso de la política presupuestaria con las políticas de desarrollo sostenible, y anuncia que los próximos Presupuestos Generales del Estado serán los primeros que incorporen un informe de alineamiento normativo con los objetivos de la Agenda 2030, algo que muy probablemente se replique en el resto de niveles de la Administración (autonómico y local).
  • Asimismo, es muy probable que en un corto espacio de tiempo aparezcan obligaciones para la Administración Pública en relación con la sostenibilidad, como las memorias de impacto normativo sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 o la inclusión de cláusulas sociales, medioambientales y éticas en la contratación de las empresas con el sector público.
  • Sólo se reconoce el papel de las confederaciones empresariales y asociaciones de empresarios en el desarrollo de actividades de formación y promoción de la Agenda 2030 (al mismo nivel que las plataformas vecinales fundaciones o asociaciones ecologistas), pero no en su papel clave para su implantación en España por el peso específico del sector y su contribución al PIB. De hecho, en el informe únicamente se habla de las empresas en los avales prestado por el ICO con motivo de la pandemia.
  • En relación con la respuesta sanitaria frente a la crisis del Covid-19, el informe se centra en la cooperación entre las Administraciones Públicas, pero no cita en ningún momento la ayuda prestada por el sector sanitario privado.
  • El informe sólo contempla el esfuerzo público de inversión social para proteger a los más desfavorecidos en la crisis del Covid-19.
  • El informe menciona que crisis del Covid-19 ha generado un escenario proclive a la implantación de determinadas políticas públicas que, en situaciones normales, serían más difíciles de materializar. Así, el informe vincula la oportunidad que supone salir de la crisis actual a través de la lucha contra la precariedad del empleo, la implantación de las políticas de género, el refuerzo de los derechos de los trabajadores, el cambio del modelo productivo de nuestro país, etc.
  • Se considera a la cultura como uno de los sectores más castigados por la paralización de la actividad económica y social, y el informe considera que ha sido un sector esencial durante el confinamiento.

Conclusiones

  • El informe posee un planteamiento muy acertado, pues en todo momento se habla de la globalidad del concepto de desarrollo sostenible, englobando en el buen gobierno a la Administración General del Estado, las CC.AA. y las Entidades Locales, teniendo como objetivo último la mejora de la vida en el plantea, y vinculando todas las acciones a la recuperación post Covid-19.
  • Por primera vez en España se ha pasado de las palabras a los hechos y hay una clara voluntad política de cumplir los compromisos de la Agenda 2030, asumiendo el esfuerzo económico global que supondrá para nuestro país.
  • La salida de la crisis económica de origen sanitario en la que nos hemos adentrado va a ser muy diferente a la del 2008, y la Agenda 2030 tiene un papel fundamental para superar la situación.
  • Las políticas prioritarias del Gobierno para salir de esta situación tienen un marcado carácter social y son: el refuerzo de la sanidad pública, la protección del empleo a través de los ERTE y el Ingreso Mínimo Vital, la paralización de los desahucios, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la igualdad entre hombres y mujeres, el cambio climático o la economía circular. Muy por detrás aparecen medidas económicas de ayudas al sector privado como las líneas de apoyo a autónomos y empresas.
  • Queda claro la apuesta del Gobierno por el sector público y el fortalecimiento de los recursos públicos, lo que abre la puerta a un más que probable aumento de la presión fiscal, sin descartar nuevas figuras impositivas.
  • Los beneficios está claro que llegarán, pero hay una incertidumbre sobre a qué coste. Y no sólo el esfuerzo económico que supondrá, sino los cambios de comportamiento de la Administración Pública, de las empresas y de cada uno de los ciudadanos. Todos nos veremos obligados a modificar algunos de nuestros hábitos y patrones de comportamiento en aras de una recuperación económica verde y de un mundo mejor, lo que deja en el aire el debate entre el sacrificio de parte de la libertad individual frente a los beneficios de la colectividad.

Ricardo Riquelme, Director Asociado

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